Las muertes en custodia hacen crecer la preocupación de «racismo intrínseco» en el reino unido.
Las muertes de un número excesivo de afrodescendientes y de minorías étnicas en el Reino Unido como resultado de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado preocupa a un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas.
«Las muertes agravan las prácticas de racismo intrínseco, vigilancia policial excesiva y criminalización de las personas de ascendencia africana y otras minorías en el Reino Unido», indicaron.
Ante las preocupaciones expresadas por los expertos, el Gobierno del Reino Unido reconoció que es necesario encontrar soluciones a la atención sanitaria durante el periodo de detención en dependencias policiales, las investigaciones y la asistencia jurídica y el apoyo a las familias.
Según los datos de la Policía Metropolitana las personas de ascendencia africana y de origen étnico minoritario tenían el doble de probabilidades de morir después del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y sufrieron la falta o tuvieron un acceso insuficiente a servicios médicos adecuados.
«La falta de investigación y procesamiento adecuados de esas muertes ocasiona una falta de rendición de cuentas por parte de las personas y organismos responsables estatales, además de la negación de los recursos adecuados y la falta de reparación a las familias de las víctimas”.
El uso de armas que producen descargas eléctricas antes y durante la detención de personas de ascendencia africana está ampliamente extendido y su empleo es especialmente evidente en los centros psiquiátricos.
Los expertos plantearon este problema al Gobierno del Reino Unido al no haberse producido nunca un proceso por homicidio involuntario en este contexto, pese a los veredictos de homicidio en las investigaciones de los médicos forenses.
“Esta situación señala la falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que actúan las fuerzas del orden y los organismo estatales”, indicaron.
Los relatores especiales instaron al Gobierno a realizar un examen independiente sobre las muertes y los incidentes graves de las personas en custodia de las fuerzas del orden, y que se les exija responsabilidades.