Las concesiones forestales han existido desde hace décadas, pero sus contrapartidas no siempre han sido positivas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura ha presentado unas recomendaciones con el objetivo de hacerlas más transparentes, responsables e inclusivas, todo ello en beneficio de algunas de las comunidades más pobres y aisladas del mundo.
A pesar de generar empleos y mayores ingresos para la población en áreas remotas, las concesiones forestales también presentan consecuencias negativas, dejando en muchos casos una estela de bosques degradados y conflictos sobre la tenencia.
La mayoría de las pérdidas de los bosques se han producido en países en desarrollo de África subsahariana, el Sudeste asiático y América Latina, lo que pone de manifiesto la necesidad de una mejor gestión pública en los trópicos.
Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establece que estas licencias puedan usarse como instrumentos políticos para regular la producción de una manera consistente con la conservación del medio, respetando los derechos de las comunidades locales y contribuyendo al desarrollo rural de forma sostenible.
“Si se gestionan bien, las concesiones forestales pueden tener múltiples beneficios socioeconómicos y ambientales y aumentar el valor de los bosques en pie para las generaciones presentes y futuras. Con todo, pueden mejorar las vidas de las comunidades rurales en algunas de las zonas más pobres y aisladas del mundo”, añadió Eva Muller, directora de la División de Política y Recursos Forestales de la FAO.
¿Cómo funcionan las concesiones?
Más del 70 % de los bosques tropicales en los que recolectan productos forestales son de propiedad estatal o pública. La mayoría de se gestionan a través de concesiones que los gobiernos otorgan a entidades privadas o comunidades locales a cambio de una remuneración o provisión de servicios.
Existen diversas razones que pueden conducir a un manejo inadecuado de las concesiones: la carencia de habilidades adecuadas para la gestión, una gobernanza débil, reglas y expectativas demasiado complejas o un enfoque en los beneficios a corto plazo. Todo ello conduce a la sobreexplotación, la distribución inadecuada de beneficios, la vulneración y falta de reconocimiento de los derechos de las poblaciones locales, y a la falta de rentabilidad económica.