La enseñanza constituye un derecho humano de carácter universal. Sin embargo, varios expertos en la materia han publicado un informe que establece que el sistema educativo español segrega y excluye a las personas con discapacidades.
Las normas internacionales establecen que estos jóvenes deben “tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y su inclusión social” en condiciones de igualdad.
No obstante, tras una investigación confidencial, varios expertos de derechos humanos han concluido que, en España, la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivalen a violaciones graves de su derecho a la educación.
«El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes», señaló la Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Un sistema educativo discriminatorio
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recibió varios informes que alegaban que las leyes y políticas educativas españolas perpetuaban el modelo médico de la discapacidad. Según esta idea, “el problema” se encuentra en las personas, por lo que son ellas quienes tienen que luchar contra su discapacidad con tratamientos. Mientras tanto, la sociedad carece de responsabilidades a la hora de combatir la discriminación que sufre esta gente.