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Denuncian la existencia de “escuadrones de la muerte” dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas de El Salvador

El Comité de Derechos Humanos de la ONU reveló sus observaciones sobre la situación de estas garantías en El Salvador y Guatemala y destacó que, a pesar de que se han producido avances, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia contra la mujer y la corrupción, entre otros flagelos, continúan en ambas naciones.

En El Salvador, ha aumentado el número de personas asesinadas por la Policía y las Fuerzas Armadas y existen “escuadrones de la muerte” que operan dentro de estas instituciones, denuncian los expertos independientes de derechos humanos.

También se han presentado casos de tortura, malos tratos y abuso de la fuerza por parte de funcionarios públicos y continúan las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Lo más preocupante, es que estos casos permanecen en la impunidad, dice el Comité, y recomienda fortalecer el rol de la Policía Nacional en sus funciones de mantenimiento del orden público.

“Lo más importante para el Comité es que no solo se pueda llegar a la verdad pero que se pueda saber dónde estan los cuerpos de las víctimas, sino que estos puedan ser entregados a sus familias y que pueda haber una reparación, porque sobre todo las personas que están implicadas son agentes del Estado”, declaró en una entrevista con Noticias ONU José Manuel Santos País, uno de los miembros del comité.

Santos País agregó que se necesita una investigación transparente de los hechos y garantizar que los tribunales puedan juzgar sin ninguna interferencia.

Los expertos también expresan preocupación ante la ausencia de un marco legal exhaustivo contra la discriminación y la persistencia de los abusos contra personas afrodescendientes, indígenas, migrantes, discapacitadas y de la comunidad LGTBI, en especial en las áreas de educación, salud, vivienda y empleo.

“El Comité está alarmado por el elevado número de casos de amenazas, agresiones y asesinatos, incluyendo por agentes estatales, contra las personas LGBTI y, en particular, las personas transgéneros, así como por el elevado índice de impunidad de estos crímenes”, lee el informe.

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