La tendencia es prohibir y reducir el consumo de estos productos, que tienen impactos negativos.
Varios países y organizaciones del mundo han abierto el debate sobre las acciones que se deberían ejecutar para mitigar la contaminación por plástico. Por ejemplo, el Parlamento Europeo propuso la prohibición de plásticos de un solo uso para el 2021, y deberá negociar una norma que los regule con el Consejo de la Unión Europea, integrado por 28 Estados.
Esto se suma a otras normativas que se han establecido, desde hace unas semanas, en varias zonas del planeta: en Río de Janeiro (Brasil) se empezó a multar a los restaurantes que vendan pitillos en la playa, en California (Estados Unidos) se sancionó la primera ley estatal que penaliza a los establecimientos que utilicen plásticos de un solo uso y la Asamblea de Francia aprobó un proyecto de ley que prohibirá los recipientes y cubiertos de plástico desde el 2020. Cabe destacar que en más de 60 países, como Panamá, Haití, Costa Rica y Chile, hay prohibiciones e impuestos para aquellos que consuman bolsas plásticas. Pero ¿qué tan lejos está Colombia de tomar este tipo de medidas?
En Santa Marta se presentó un decreto local que prohíbe el uso y la venta de cualquier utensilio de plástico e icopor de un solo uso. En el marco de la campaña ‘Desplastifica tu ciudad’, se socializó la medida que pretende convertir la capital del Magdalena en la primera ciudad sostenible del país. Además, en el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca prohibir los plásticos de un solo uso a partir del primero de enero del 2030.
Cabe anotar que, desde el 26 de julio de este año, entró en vigor la resolución 1407 del 2018 con la que el Ministerio de Ambiente reglamenta la gestión empresarial de los residuos de empaques y envases de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.
Lo que indica es que, a través de la responsabilidad extendida del productor, se “organice, desarrolle y financie la gestión integral de los residuos derivados de sus productos, una vez el consumidor final los desecha”. Es decir que, bajo la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, los productores de este tipo de elementos tendrán que elaborar y desarrollar un programa para el manejo completo de los envases y empaques.
Ahora bien, desde el primero de julio del 2017 dejaron de circular las bolsas plásticas con un tamaño inferior a 30 × 30 centímetros y se introdujo un impuesto gradual de 20 pesos para aquellos que usen cualquier tipo de estas. Después de poner en práctica esa medida, se recaudaron 10.460 millones de pesos en los primeros seis meses, y el 71 % de los hogares colombianos redujeron el consumo de bolsas plásticas en el primer año de vigencia de la norma, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Ante esto, Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, señala: “Sería ideal la prohibición completa de las bolsas. La regulación es positiva, pero no suficiente. El Ministerio de Ambiente, las empresas y los ciudadanos nos debemos comprometer a dejar de usar esos elementos de plástico”.
Sin embargo, Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), considera que la prohibición no es la solución. “Los productos están ahí por alguna razón, por su eficiencia, por su higiene o por su relación de costo. Hay soluciones que permiten entender de manera más integral el problema, como la economía circular para fomentar el reciclaje”, indica.
En esto último coincidieron los ministerios de Ambiente de América Latina y el Caribe en la Declaración de Buenos Aires de este año, en la que resaltan que es importante “desarrollar estrategias para la prevención de la basura marina, con énfasis en la buena gestión de toda la cadena de valor de los plásticos”.