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Abusos tras los barrotes en las prisiones libias

Un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos señala que las medidas para abordar las detenciones arbitrarias se han estacado y que cientos de personas siguen sufriendo arrestos injustificados. Además, gran parte de los detenidos son víctimas de torturas y otros abusos en las cárceles.

Desde que resurgieron las hostilidades en 2014, los grupos armados de ambos bandos acorralan a opositores, críticos, activistas, médicos, periodistas y políticos. “Se detiene de forma arbitraria o ilegal a hombres, mujeres y niños, privándolos de su libertad sobre la base de sus lazos tribales y familiares o su afiliación política”, señala el informe.

Se estima que 6500 personas permanecen aprisionadas bajo la supervisión de la policía del Ministerio de Justicia, pero no existen datos sobre las instituciones que teóricamente se encuentran bajo el control de los ministerios de Defensa o Interior, ni de los dirigidos directamente por grupos armados.

El informe, publicado por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en el país, sintetiza las principales preocupaciones de derechos humanos con respecto a las detenciones desde que se firmó el Acuerdo Político Libio el 17 de diciembre de 2015.

“En vez de frenar a los grupos armados e integrar a sus miembros bajo el mando y control del Estado, los Gobiernos libios les han confiado de forma constante la aplicación de la ley, lo que incluye los arrestos y detenciones, la paga de salarios y la provisión de equipamiento y uniformes”. De esta forma, su poder ha crecido sin la supervisión de las autoridades.

Las familias también son víctimas

El informe deja al descubierto el horror experimentado por los libios privados de libertad, pero también el sufrimiento de sus familias. Los secuestros y la toma de rehenes constituyen prácticas habituales. En muchos casos, los familiares de los afectados desconocen su paradero. De hecho, en el momento de la detención, los grupos armados niegan el contacto exterior a los arrestados.

“Angustiada, la gente busca a sus familiares, viaja a los centros de detención, ruega ayuda a los conocidos que tienen vínculos con los grupos armados y los cuerpos de seguridad o inteligencia, o intercambia información con las familias de otros detenidos o de las personas desaparecidas”, dice el informe.

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